Perú se destaca en Latinoamérica por ser uno de los países más rigurosos en la implementación de las normativas del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Eddvyn Barrón, Chief Risk Management and Compliance en Rextie, la principal fintech de cambio de divisas en Perú, ofrece una explicación detallada de los cambios realizados.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha modificado la normativa para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a los sujetos supervisados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), mediante la Resolución N.° 2351-2023. Esta actualización tiene como objetivo armonizar las normas y ajustar ciertos aspectos relacionados con la prevención a las últimas modificaciones normativas y a los estándares internacionales.
Esta normativa es relevante para aquellas compañías cuyas actividades económicas son designadas por la SBS como Sujetos Obligados. En esta clasificación se incluyen empresas que llevan a cabo operaciones vinculadas a servicios financieros, como las fintech de cambio de divisas, así como otras con actividades que la SBS tiene interés en supervisar, como operaciones inmobiliarias, construcción, minería, venta de vehículos, transporte, entre otras.
Eddvyn Barrón expone los puntos clave de esta modificación y destaca cómo Rextie, casa de cambio online líder del Perú, está trabajando en su implementación, reafirmando su compromiso con la operación conforme a las normas existentes.
Los aspectos más destacados de la modificación son:
- Independización de categorías de empresas sujetas a obligaciones, como construcción e inmobiliaria. Se agrega la categoría de Personas Jurídicas Profesionales, que incluye aquellas que brindan servicios jurídicos, legales y/o contables.
- Los sujetos obligados deben identificar al “Beneficiario Final” de todos los servicios o productos que suministren, tomando medidas razonables para verificar su identidad.
- En casos en los que no sea posible realizar la debida diligencia en el conocimiento del cliente, el sujeto obligado debe considerar no iniciar relaciones comerciales, no realizar operaciones y/o finalizar relaciones comerciales iniciadas. También se debe evaluar la posibilidad de presentar un reporte de operaciones sospechosas (ROS) con respecto al cliente.
- Se solicitan datos adicionales a los clientes, como estado civil y nombres y apellidos del cónyuge en caso de que el cliente esté casado.
- En el caso de Personas Expuestas Políticamente (PEP), se debe obtener el nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, así como del cónyuge o conviviente, y la relación de personas jurídicas o entes jurídicos que tengan la condición de beneficiario final.
Barrón enfatiza que las empresas clasificadas como Sujetos Obligados deben implementar de inmediato las modificaciones introducidas en la nueva resolución, publicada el 12 de julio, para evitar sanciones administrativas por parte de la SBS. Estas sanciones pueden incluir amonestaciones, sanciones económicas, o el cierre temporal o definitivo de la licencia de funcionamiento de la empresa.
Perú, reconocido como uno de los países más exigentes en la implementación de normativas SPLAFT en Latinoamérica, cuenta con empresas como Rextie que operan bajo estricto cumplimiento de estas regulaciones. Rextie, comprometida con la seguridad de más de 170 mil clientes, destaca por su seriedad y responsabilidad, implementando constantemente mejoras que resaltan la calidad de los servicios ofrecidos y garantizando el cumplimiento de parámetros normativos como la protección de datos personales de los clientes y códigos éticos.
“En Rextie, estamos en un permanente desafío por lograr el máximo establecimiento de nivel de seguridad dentro del mercado. Es nuestro compromiso buscar la absoluta tranquilidad de los clientes y realizar un trabajo formal y en cumplimiento con parámetros normativos como la protección de datos personales de clientes, código de ética, etc. Es nuestra motivación constante para generar mejoras que destaquen la calidad de nuestros servicios brindados”, asegura Barrón.
Lee la nota completa en Revista Economía