Estamos atravesando un momento muy complejo en el país. Durante las últimas semanas, las protestas sociales han generado grandes pérdidas a las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90% del total de empresas operativas a nivel nacional. Luego de un año, 2022, que habría terminado con un crecimiento económico cercano al 2.6%, el mercado proyecta un resultado similar para este 2023. Pues, a pesar de la incertidumbre política, la economía ha podido presentar cierto dinamismo. No obstante, de persistir la convulsión social, el crecimiento esperado tendría una inevitable corrección a la baja. Asimismo, sumado a la turbulencia local, el lento crecimiento de la economía a nivel global también afecta a los principales socios comerciales del Perú. La inestabilidad social y política hace que las Pymes sean las más afectadas.
Los sectores minero, agroindustrial, turístico y microfinanciero vienen aplicando medidas de corto y largo plazo para contrarrestar el golpe generado a causa de los bloqueos y la convulsión social del país. Las compañías empiezan a replantear las inversiones contempladas para las regiones del sur durante el 2023, y otras evalúan buscar respaldo o asistencia gubernamental. Las mineras registran problemas para reemplazar personal y trasladar el mineral por el bloqueo de vías, generando costos adicionales. Además, se suma el ataque a las instalaciones de Antapaccay, que respondió con una reducción de sus operaciones al igual que Minsur y Las Bambas. La inversión en construcción de nuevos proyectos mineros se estaría reevaluando.
Por otro lado, las empresas agroindustriales vienen presentando importantes pérdidas por no poder trasladar sus productos a Lima desde hace varios días. Recientemente, se irrumpió violentamente en cinco fundos de agroexportadoras ubicados en la región Ica, lo que agrava la situación que ya afrontan las empresas del sector, varias de las cuales están empezando a paralizar sus actividades. Algunos estiman que, hasta la fecha, las pérdidas acumuladas en las regiones La Libertad, Ica y Arequipa superan los US $200 millones.
De este modo, el impacto de la situación actual tendrá un efecto a corto y a mediano plazo. A corto plazo, el bloqueo de carreteras podría generar una mayor inflación por el incremento de precios. El nivel de inflación en el Perú ya es elevado siendo este de 8.46% en el 2022 según el INEI. Una nueva presión en la inflación generaría que el ciclo de alza de tasas de interés del BCR (Banco Central de Reserva) continúe en el 2023. Las previsiones iniciales apuntaban a la posibilidad de iniciar el año con una pausa en el ciclo de alza de tasas, si es que la inflación y sus expectativas daban señales de desaceleración. Por otro lado, el BCR mantuvo en enero el mismo tono que en sus comunicados anteriores, manteniendo viva la posibilidad de alzas adicionales. La tasa de interés de referencia está actualmente en 7.75% y si continúa subiendo las tasas esto tendría un efecto negativo en la actividad económica.
A mediano plazo, el actual clima de protestas e incertidumbre política y social generan una reducción de la confianza empresarial y la inversión, que son componentes clave para el crecimiento del PBI. Si sectores como la minería, entre otros, continúan siendo impactados, podría esperarse un menor crecimiento para 2023, más cercano al 1.8% anual. Las protestas sociales ocurridas entre diciembre y enero, sumadas a la sensación de escasa gobernabilidad, podrían significar un riesgo para la economía peruana afectando aún más el deteriorado clima de inversión.